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PARA COMETER ESTAFAS: CUATRO PROCESADOS
Cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy fueron procesados con prisión preventiva, acusados de integrar una organización que se hacía pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para cometer estafas y extorsiones. Según la investigación, las maniobras se realizaban desde el Establecimiento Penitenciario Nº 7 de Alto Comedero, mediante teléfonos celulares que los sospechosos mantenían ocultos en sus celdas.
La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini y alcanzó a cuatro internos. Los cuatro están acusados de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad, delitos por los que deberán continuar sometidos al proceso judicial. El grupo habría operado entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Durante ese período, los acusados habrían utilizado la identidad del titular del máximo tribunal del país para conseguir información de personas detenidas y luego comunicarse con sus familiares, a quienes les prometían beneficios judiciales a cambio de dinero.
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La maniobra comenzaba con llamados a dependencias policiales, penitenciarias y otras fuerzas de seguridad. Los sospechosos se presentaban como autoridades judiciales y solicitaban datos personales de personas privadas de la libertad, además de números telefónicos de sus familiares.
Para darle credibilidad al engaño, utilizaban perfiles de WhatsApp con fotografías de Rosatti, imágenes del edificio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema. Una vez obtenida la información, contactaban a los allegados de los detenidos y les aseguraban que podían gestionar libertades, fianzas o trámites judiciales mediante el pago de determinadas sumas.
En una de las conversaciones incorporadas al expediente, uno de los involucrados habría reconocido la modalidad utilizada: "A ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza".
La investigación también reveló que los acusados utilizaban billeteras virtuales, cuentas bancarias y distintos alias para recibir las transferencias. En algunos casos, las exigencias económicas llegaban hasta el millón de pesos. Las maniobras no se limitaban solamente a familiares de personas detenidas. Uno de los casos investigados corresponde a un hombre que transfirió $450.000 después de recibir llamados en los que le prometían gestionar la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El dinero fue enviado a un alias que simulaba estar vinculado con el Poder Judicial.
